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Jurisprudencia - Extinción del Contrato de Trabajo

Les traigo un fallo de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo(Arg)del 12/11/2015 sobre simulación de extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo. 

Si alguna vez los obligan a renunciar o los fuerzan a simular una ruptura del contrato laboral en contra de su voluntad, acá tiene una herramienta jurídica que los puede guiar. 



El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos.



Bissacco Acosta Rubén Oreste Juan c/ Editorial Sarmiento S.A. S/ DESPIDO

 
 

 
Voces: SIMULACIÓN - EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO  - CONTRATO DE TRABAJO - GRATIFICACIONES - EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR - DESPIDO SIN CAUSA - MULTA LABORAL - FRAUDE LABORAL - IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR


 
 

 
Partes: Bissacco Acosta Rubén Oreste Juan c/ Editorial Sarmiento S.A. s/ despido

 
 

 
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ARGENTINA)

 
 

 
Sala/Juzgado: V

 
 

 
Fecha: 12-nov-2015

 
 

 
Cita: MJ-JU-M-96000-AR | MJJ96000 | MJJ96000

 
 

 
Se juzga ineficaz el acuerdo como acto extintivo pues encubre una decisión rupturista, que había sido tomada con premeditación y en forma anterior por la empleadora.

 
 

 
Sumario:

 
 

 
1.-Corresponde confirmar que el acuerdo celebrado constituyó un acto de simulación tendiente a encubrir el despido imputable a la responsabilidad patronal, pues resulta evidente que la demandada mantuvo en todo momento su voluntad rupturista y que el acuerdo instrumentado mediante la intervención de la autoridad administrativa se concretó con la mera intención de soslayar el pago de las indemnizaciones provenientes de un despido sin causa o en el mejor de los supuestos para la demandada, lo previsto en el art. 247  LCT.

 
 

 
2.-Toda vez que la figura formalmente adoptada fue utilizada con el propósito de ocultar la verdadera razón que puso fin al contrato de trabajo, corresponde confirmar que resultó ser una simulación de la voluntad rupturista de la empleadora, de modo que la voluntad del trabajador se sometió a dicha determinación, para lo cual se utilizó un acuerdo disolutorio oneroso aparente (conf. art. 241 , LCT.).

 
 

 
3.-La conducta encubierta adoptada por la empleadora, mediante la cual comprometió la voluntad del trabajador bajo una figura extintiva impropia para eludir un despido ya decidido, resulta violatoria del principio de irrenunciabilidad que consagra el art. 12 , LCT. pues de aquel modo se menoscaban los derechos resarcitorios derivados de un despido incausado.

 
 

 
4.-El acuerdo celebrado en los términos del art. 241, LCT. se trató de una instrumentación formal que no puede privar al trabajador del derecho que emerge de la verdadera causa de extinción (art. 14 , LCT.), por lo que carece de toda eficacia para desplazar el derecho del actor a percibir los beneficios que prevén las normas imperativas para el caso de un despido incausado (art. 245 , LCT.).

 
 

 
5.-No corresponde admitir la validez del despido fundado en las causas previstas por el art. 247, LCT. pues la demandada no acreditó haber cumplido con los requisitos que otorgan legitimidad a la medida adoptada fundada en la disminución de trabajo, tales como la existencia de la causal invocada, que la misma por su entidad justifique la extinción del vínculo, que se deba a circunstancias objetivas ajenas al riesgo empresario, que el empleador haya actuado diligentemente adoptando las medidas necesarias para evitar tal circunstancia, que tenga perdurabilidad en el tiempo, que se haya respetado el orden de antigüedad en el empleo y que la medida sea contemporánea con el hecho que la originó.

 
 

 
6.-Corresponde la multa con fundamento en el art. 2 , Ley 25.323 toda vez que el trabajador fue despedido en los términos del art. 247, LCT. y, si bien la determinación de la causa del despido dispuesto por la empleadora es en última instancia judicial, esta decisión es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento de la ruptura contractual.

 
 

 
 

 
Fallo:

 
 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 12 días del mes de noviembre de 2015 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

 
 

 
I. Contra la sentencia dictada en la instancia anterior (v. fs. 626/631), que hizo lugar a la acción, se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 633/637, replicado por la contraria a fs. 647/653.

 
A su vez, a fs. 632/vta. el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos.

 
 

 
II. Cuestiona la apelante el decisorio de grado, que declaró procedente el reclamo de inicio, al considerar que el juez a quo ha incurrido en un error al negarle virtualidad al acuerdo suscripto por la partes, donde decidieron finalizar la relación laboral en los términos del art. 241, L.C.T. y donde se cumplieron los requisitos previstos por la norma invocada pues el acuerdo se suscribió ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 
Se queja, también, porque considera que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta que el demandante percibió la totalidad del pago acordado y que, posteriormente, decidió accionar. Señala que aún cuando fuera desestimada la validez del acuerdo como figura extintiva, ello no obsta a que las partes puedan arribar a una justa composición de derechos. Que el sentenciante declaró la ineficacia del acuerdo como acto extintivo y sin asidero alguno desestimó la totalidad del mismo, pero ello no quitaba que las partes puedan llegar a un posterior acuerdo conciliatorio.

 
Agrega que el accionante obtuvo una justa composición de intereses y derechos toda vez que el acuerdo fue suscripto ante la autoridad administrativa del trabajo como prescribe la norma y que lo efectuó con el correspondiente asesoramiento legal y sindical. Sin embargo, el planteo revisor no tendrá recepción favorable en mi voto.

 
 

 
Para dilucidar el presente debate es conveniente poner de manifiesto los antecedentes fácticos relevantes de la causa.

 
No está controvertido que la demandada el 1º/12/2009 despidio al actor alegando razones de fuerza mayor previstas por el art. 247, L.C.T. y que en esa misma notificación puso a disposición del trabajador la indemnización prevista por dicha norma, la liquidación final y certificados de trabajo (v. fs. 4). Asimismo, que el 30 de diciembre de 2009 las partes de mutuo acuerdo formalizan la extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 241 L.C.T. ante el Ministerio de Trabajo (v. 24/vta.) y en ese contexto acuerdan una compensación económica del empleador al trabajador en concepto de "gratificación por egreso" en la suma de $ 137.464 que se efectivizaría en cuatro cuotas iguales de $ 34.366.

 
No obstante ello, estimo que la demandada no produjo prueba alguna que permita inferir que el despido fuera retractado, toda vez que el mismo no puede ser retractado por la voluntad unilateral de alguna de las partes, por lo que se necesita indefectiblemente también la clara demostración de la voluntad del trabajador.

 
En este marco, resulta claro que el acuerdo celebrado días después sólo constituyó un acto de simulación tendiente a encubrir el despido imputable a la responsabilidad patronal. Desde esta perspectiva, es evidente que la demandada mantuvo en todo momento su voluntad rupturista y es posible que el acuerdo instrumentado mediante la intervención de la autoridad administrativa se haya concretado con la mera intención de soslayar el pago de las indemnizaciones provenientes de un despido sin causa o en el mejor de los supuestos para la demandada lo previsto en el art. 247 L.C.T. Es decir, la figura formalmente adoptada fue utilizada con el propósito de ocultar la verdadera razón que puso fin al contrato de trabajo.En otras palabras, en la especie estaba descontada la decisión del empleador de finiquitar la relación laboral, de modo que la voluntad del trabajador se sometió a dicha determinación, para lo cual se utilizó un acuerdo disolutorio oneroso aparente (conf. art. 241, L.C.T.).

 
Esta conducta encubierta, mediante la cual el empleador compromete la voluntad del trabajador bajo una figura extintiva impropia para eludir un despido ya decidido, resulta violatoria del principio de irrenunciabilidad que consagra el art. 12, L.C.T. pues de aquel modo se menoscaban los derechos resarcitorios derivados de un despido incausado. De tal modo, carece de relevancia el debate en torno a si en la especie se encuentran reunidos los requisitos que el Código Civil establece para calificar a la voluntad como viciada.

 
En este contexto, el acuerdo se trató, en definitiva, de una instrumentación formal que no puede privar al trabajador del derecho que emerge de la verdadera causa de extinción (art. 14, L.C.T.), por lo que carece de toda eficacia para desplazar el derecho del actor a percibir los beneficios que prevén las normas imperativas para el caso de un despido incausado.

 
En consecuencia, propicio la confirmación de la sentencia de primera instancia en este aspecto cuestionado.

 
 

 
III. También formula agravios la demandada respecto a la validez del despido fundado en las causas previstas por el art. 247, L.C.T.

 
Pero entiendo que la demandada no acreditó haber cumplido con los requisitos que otorgan legitimidad a la medida adoptada fundada en la disminución de trabajo, ellos son:la existencia de la causal invocada, que la misma por su entidad justifique la extinción del vínculo, que se deba a circunstancias objetivas ajenas al riesgo empresario, que el empleador haya actuado diligentemente adoptando las medidas necesarias para evitar tal circunstancia, que la causa alegada tenga perdurabilidad en el tiempo, que se haya respetado el orden de antigüedad en el empleo y que la medida sea contemporánea con el hecho que la originó.

 
 

 
En consecuencia, considero que no se encuentra justificada la causal del despido invocada por la empleadora por lo que le corresponde confirmar el derecho del actor a la indemnización dispuesta por el art. 245, L.C.T.

 
Por lo tanto, en el marco descripto precedentemente, propiciaré desestimar la queja y confirmar lo decidido al respecto.

 
 

 
IV. También resulta cuestionada por la demandada la condena al pago de la gratificación anual correspondiente a los años 2008 (segunda cuota) y 2009.

 
Sostiene al respecto que dichas gratificaciones eran una dación graciable, una liberalidad extraordinaria no obligatoria ni permanente, que se entregaba a modo de "premio" a los trabajadores sólo en caso de cumplimiento anual de sus objetivos.

 
En consecuencia, no debían ser consideradas como habituales ni derecho adquirido y que las declaraciones testimoniales resultaron endebles en este aspecto y fueron impugnadas porque mantenían juicio pendiente contra la empresa.

 
Pero lo que respecta a las gratificaciones, advierto que no le asiste razón a la recurrente.

 
En efecto, "las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho, en principio, a reclamar su pago en períodos sucesivos y, por consiguiente, autorizan a recurrir a la vía judicial para exigirlas compulsivamente, salvo que se acredite, por quien lo afirma, que reconocieron como causa servicios extraordinarios o que no se han cumplido las condiciones sobre cuya base se liquidaron en otras oportunidades" (cfr. Plenario C.N.A.T. 13/09/1956 "Piñol, Cristóbal c/ Genovesi S.A."  Nº 35). Dos son los recaudos a cumplir para que se considere obligatorio su pago para el futuro:habitualidad, por un lado, y reiteración de las razones y condiciones que determinaron su pago, o inexistencia de aclaración o reserva al momento de otorgarlas por parte del empleador, por el otro.

 
Sobre este punto, señalo que los argumentos aquí esgrimidos por la recurrente no fueron oportunamente expuestos a consideración de la sentenciante de primera instancia por lo que no correspondería su tratamiento en virtud del art. 277 C.P.C.C.N. (v. responde fs. 63/66 vta.).

 
En el presente caso, el pago en forma periódica y consecutiva de gratificaciones sin ninguna aclaración ni reserva por parte del empleador da derecho a reclamarlas en períodos sucesivos. Este derecho a reclamar gratificaciones abonadas con continuidad y por períodos sucesivos, cesa si se acredita por el empleador que reconocieron como causa servicios extraordinarios o que no se han cumplido las condiciones sobre cuya base se liquidaron en tales oportunidades.

 
En este sentido, aun cuando la gratificación no haya integrado los elementos del contrato inicial, la conducta del empleador de abonar con habitualidad una suma de dinero en forma periódica, torna razonable la expectativa del trabajador de considerarse con derecho a percibir dicha suma en determinada época del año, como cláusula contractual implícita.

 
Por lo precedentemente expuesto, y no habiendo la demandada acreditado en modo alguno que la gratificación reconociera servicios extraordinarios o que no se han cumplido las condiciones sobre cuya base se liquidaron en su momento, propicio confirmar la sentencia de primera instancia también en este aspecto.

 
En un caso de aristas similares al presente me expresé en sentido análogo: "García Iglesias, Antonio y Otros c/Editorial Sarmiento S.A. s/cobro de salarios" (S.D. 69.831 del 08/08/2007, del registro de esta Sala V).

 
 

 
V. El cuarto agravio de la accionada se dirige a cuestionar la suma estimada por el sentenciante como mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor ($ 10.671,70 según lo informado por el perito contador a fs.457).

 
 

 
Afirma la apelante que dicho monto se aparta de la realidad y supera ampliamente el que fuera denunciado en el inicio ($ 8.711,82), por lo que considera que ha existido una equivocación del juez a quo. Señala que, en su caso, el actor debió haber acompañado el correspondiente recibo de sueldo y el perito contador cometió un error al tomar dicha suma como base de cálculo y debía acom pañar una copia que respaldara dicha información, ya que resultó una mera afirmación sin mayor relevancia.

 
Sin embargo, el agravio que objeta la base de cálculo indemnizatorio no resulta procedente porque, en rigor, el memorial no cumple con los requisitos del art. 116, L.O. pues no se controvierte el argumento del juez de grado para resolver como lo hizo; no hay una crítica concreta y razonada de dicho fundamento, por lo que considero que debe ser confirmado.

 
En efecto, allí no se cuestiona fundadamente lo informado por el experto contable a fs. 457, ya que la queja no se ajusta a los términos normativos precitados, por lo que propiciaré desestimar este aspecto del recurso.

 
 

 
VI. Por otro lado, la accionada también cuestiona la condena a abonar la multa con fundamento en el art. 2, ley 25.323.

 
Entiende al respecto que la misma no procede porque ha conciliado con el actor su desvinculación y le abonó el monto convenido de manera oportuna y que el demandante desconoció el acuerdo suscripto para obtener un beneficio económico a su costa.

 
Sin embargo, entiendo que no resulta admisible este segmento de la queja porque debe señalarse que el trabajador fue despedido en los términos de las causas previstas por el art. 247, L.C.T. y, si bien la determinación de la causa del despido dispuesto por la empleadora es en última instancia judicial, esta decisión es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento de la ruptura contractual.Por dicho motivo, en casos como el del sub lite, el derecho a las indemnizaciones pertinentes y sus accesorios como los intereses o los recargos resarcitorios como el establecido en el art. 2, ley 25.323 quedan subordinados a la acreditación de la causa invocada y, si no se acredita esta situación, todas las obligaciones se tornan exigibles retroactivamente sin que se configure el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma para eximir a la accionada.

 
Por ello, no advierto fundamento alguno para excluir a la recurrente de abonar la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323 por lo que propiciaré, en consecuencia, confirmar la sentencia en este aspecto cuestionado.

 
 

 
VII. La recurrente critica la decisión de grado que la condena a abonar la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis, L.C.T.

 
Para que se produzca la sanción que determina dicha normativa se deben presentar los siguientes presupuestos: 1) la retención por parte del empleador de los aportes a los que se refiere la norma, 2) la omisión de ingresar en tiempo propio total o parcialmente los mencionados aportes, 3) dicha omisión debe preexistir al momento de producirse la extinción del contrato.

 
De la respuesta brindada por la Obra Social del Personal Gráfico (v. fs. 134) surge la existencia de una deuda a dicho organismo. Asimismo, en dicho informe se detallan los períodos adeudados y que se hallaban en juicio.

 
El despido se concretó el 1/12/2009 y con fecha 9/12/2009 el actor intimó a la demandada la acreditación con constancia documentada de los aportes a los organismos pertinentes de la seguridad social bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 132 bis, L.C.T.

 
 

 
En este contexto, cumplidos todos los requisitos para la procedencia de la sanción que establece el art.citado, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia en este sentido.

 
El argumento de que intimación cursada no habría sido lo suficientemente específica y que el intercambio telegráfico se desarrolló en base a los aportes jubilatorios y no los de obra social, no alcanza por sí solo a constituir una crítica concreta, pormenorizada y razonada a los fines de la norma procesal del art. 116, L.O. ya mencionado, ante los concretos argumentos que se brindaron en el decisorio apelado respecto a la deuda de aportes mantenida con la Obra Social correspondiente.

 
Por las razones expuestas, propicio desestimar el agravio pertinente y confirmar la sentencia de grado también en este aspecto.

 
 

 
VIII. También resulta cuestionada por la demandada la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior (tasa activa fijada por el Banco Nación según acta Nº 2.357 de la CNAT).

 
Sin embargo, encuentro que en este punto la parte demandada sólo realiza una disidencia dogmática que no controvierte lo decidido en la sentencia apelada, con las exigencias -ya descriptas- impuestas por el art. 116 de la L.O.

 
 

 
IX. La petición de fs. 666 debe ser desestimada por las razones que expondré seguidamente.

 
En el "sub-lite" el juez de grado dispuso que el monto de condena devengaría intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, calculados según la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, conforme lo acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por Acta Nº 2.357 del 07/05/2002, modificada por la Res. Nº 8 del 30/05/2002 (ver fs. 630 vta.).

 
El actor no cuestionó oportunamente la tasa de interés fijada en la instancia anterior.

 
Recién una vez radicado el expediente en esta Sala, a través de la presentación de fs. 666, el demandante solicitó la aplicación de lo resuelto en materia de intereses en el Acta 2601 de la C.N.A.T.al momento de resolver los agravios.

 
Es decir, lo decidido en primera instancia en materia de intereses no fue cuestionado por el actor dentro del plazo establecido en el art. 116, L.O., por lo que el vencimiento de aquel plazo implicó la pérdida del derecho dejado de usar (conf. art. 53, L.O.).

 
En este contexto, no corresponde la aplicación de oficio de la tasa de interés fijada por el Acta 2.601, C.N.A.T. (conf. arts. 271 y 277, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

 
Constituye jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el régimen del art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos por ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 229:953; 230:478; 302:263; 307:948; 313:528; 315:127; 318:2047; 319:2933; 325:603; 330:4015; 332:892, entre muchos otros).

 
Dicho en otros términos: la jurisdicción de las Cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355, 1482; 311:1601; 313:912).

 
En el mismo sentido, más recientemente, el Supremo Tribunal Federal recordó que el principio de congruencia, como expresión de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias- (Fallos:315:106; 329:503).

 
Es descalificable el fallo que, cambiando los términos del litigio, adopta una solución que resulta extraña al conflicto efectivamente sometido a la decisión de la jurisdicción, con mengua del debido proceso (Fallos: 311:1829; 324:3839; 329:3757).

 
Por otra parte, nuestro sistema reposa en el instituto de la cosa juzgada, como otro de sus mecanismos básicos, a través del cual se atribuye un plus de seguridad a las relaciones jurídicas definidas judicialmente.

 
Se trata, en definitiva, de la estabilidad de la que están investidas las resoluciones jurisdiccionales en los puntos no impugnados, que se erige -en lo que concierne al vencedor-, en derecho adquirido; y -en lo que atañe al vencido-, en una valla que impide atribuirle más de lo que el fallo consentido le haya acordado. Como se colige fácilmente, esa cualidad de la sentencia le viene dada por la finalidad a la que obedece, que le confiere jerarquía constitucional, y la resguarda con los atributos del orden público (Fallos: 301:762; 308:117; 319:1888 cons. 7; 331:2578).

 
La doctrina ha denominado a la expresión de agravios "demanda de impugnación", ya que importa un llamamiento legal a los jueces de la segunda instancia, mediatizado por el apelante; convocatoria que, en principio, los habilita a decir el derecho en la medida de esos agravios.

 
En el presente caso, de aplicarse el Acta 2.601, C.N.A.T. del 21/05/2014 como se solicita, se concedería algo que el propio actor resignó, al consentir expresamente la decisión de la instancia anterior en materia de intereses dentro del plazo del art. 116, L.O., emitiéndose un pronunciamiento sobre una demanda de impugnación inexistente, sustituyendo la voluntad de aquella parte, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (Fallos: 311:1601; 316:1979; 323:3351 cons.7 y 331:2578), lo que implica una grave violación del derecho de defensa en juicio de esta última, al imponerle una solución más gravosa, sin debate previo ni recurso (Fallos: 310:867; 322:2835).

 
En otros términos, el Tribunal decidiría en demasía sobre una cuestión que no le fue propuesta; y lo que es más grave aún, ingresaría arbitrariamente en un capítulo pasado en autoridad de cosa juzgada por haberlo consentido expresamente el actor.

 
Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso sustancialmente análogo en el sentido propuesto por este voto.

 
En efecto, en una causa sustanciada ante la Justicia Nacional en lo Civil, el juez de primera instancia dispuso que sobre el capital de condena, desde la exigibilidad y hasta el efectivo pago, se aplicarían los intereses calculados según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para las operaciones de descuento, con fundamento en lo decidido en la doctrina plenaria fijada por la Cámara en el caso "Alaniz", que mantuvo a partir de la vigencia de la ley 25.561 la sentada en el caso "Vázquez".

 
Sin mediar recurso alguno de la parte actora en ese punto, la Cámara resolvió que, por aplicación de la doctrina sentada en el plenario "Samudio de Martínez", desde la mora y hasta el efectivo pago, los intereses debían calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que publica el Banco de la Nación Argentina.

 
El Supremo Tribunal Federal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y dejó sin efecto la sentencia apelada en este aspecto, toda vez que la aplicación de la tasa activa aludida sin que dicha pretensión fuera articulada mediante el recurso pertinente vulnera el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos:335:1031, 26/06/2012, "Cammera de Cabañez, Eva Virginia c/Multicanal y otros").

 
 

 
No obsta a la solución propuesta en este voto el hecho de que el Acta 2.601 de la C.N.A.T. haya sido emitida con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar la sentencia de primera instancia. Ello por las razones que se expondrán a continuación.

 
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.601, resolvió por mayoría aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, y establecer que esa tasa de interés comience a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador.

 
Cabe destacar que en el acuerdo general celebrado el 7 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.600, la C.N.A.T. por mayoría había resuelto modificar lo establecido por Acta CNAT Nº 2357 del 7 de mayo de 2.002.

 
Del texto finalmente adoptado por la mayoría del Tribunal, que se refiere inequívocamente "a las causas que se encuentran sin sentencia", y del contexto del mismo, en especial del debate suscitado durante el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, surge claramente que la nueva tasa de interés no resulta aplicable a casos donde lo resuelto en materia de intereses de los créditos del trabajador haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

 
En este marco, no existe elemento alguno que permita incluir en el ámbito de aplicación del Acta 2.601 C.N.A.T.los procesos en los cuales al momento de su entrada en vigencia se encontrara firme la decisión judicial relativa a los intereses de créditos del trabajador, siendo que una decisión en tal sentido debió haber sido explicitada clara e inequívocamente frente al conflicto que podría suscitar la afectación de la cosa juzgada, instituto de jerarquía constitucional.

 
No modifica la conclusión propuesta el hecho de que esta Sala eleve el capital de condena determinado en primera instancia, pues el único supuesto que habilita al tribunal de alzada a fijar originariamente la tasa de interés establecida en el Acta 2.601 es aquél en el cual revoca una sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones incoadas en el escrito de inicio, y las acoge en todo o en parte, en cuyo caso debe fijar originariamente el capital de condena respecto del cual correrán los intereses pertinentes.

 
Por ende, el acta precitada no comprende los supuestos de modificación (en más o en menos) del capital de condena determinado en primera instancia.

 
Frente a la prohibición de la cesación de la indexación de los créditos laborales dispuesta por la ley 23.928 a partir del 1º de abril de 1991, la C.N.A.T., a través de la resolución 6 del 10/04/1991, dispuso -entre otras cosas- la aplicación de la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales en la inteligencia de que "-es conveniente que la Cámara adopte ciertos criterios uniformes de interpretación que, sin adquirir la obligatoriedad procesal de los fallos plenarios, reflejan sin embargo el acuerdo de sus integrantes o de la mayoría de éstos con vistas a la resolución de los casos que se planteen en el futuro-".

 
La supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, llevó ala Cámara a adoptar, mediante el Acta 2357 del 7 de mayo de 2.002, modificada por la resolución 8 del 30 de mayo de 2.002, un nuevo criterio en materia de tasa de interés, que "-sin pretensiones tampoco de constituirse en norma que este Tribunal carece de aptitudes para dictar, exteriorice el criterio que la Cámara adopta a partir de este momento a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias-".

 
 

 
En ambos casos, el Tribunal, siguiendo una práctica iniciada mediante el Acta Nº 1.891 del 21 de junio de 1985, intentó fijar criterios uniformes de interpretación a fin de concretar la "-seguridad jurídica, que es uno de los valores que la administración de justicia tiende a preservar-" (ver considerandos de la res. C.N.A.T. 6/91).

 
En este marco, aunque lo resuelto en el Acta 2.601 del 21/05/2014 tampoco tenga la obligatoriedad de una sentencia plenaria, expresa la voluntad de la mayoría de los integrantes del Tribunal con la finalidad de coadyuvar a la seguridad jurídica y de brindar a los justiciables pautas concretas que despejen la incertidumbre en la materia.

 
La interpretación jurídica que resultó mayoritaria en el acuerdo celebrado el 21 de mayo de 2.014 no crea ni puede crear derechos, pues el Tribunal fijó un criterio acerca de la tasa de interés adecuada para los créditos de los trabajadores que tramitan en el Fuero Laboral, en el marco de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil.

 
Es decir, tanto al momento del dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, como en la oportunidad de la emisión del Acta 2.601 del 21 de mayo de 2.014 estaba vigente el mismo texto del art.622 del Código Civil y no existía una "tasa legal" aplicable a los créditos laborales.

 
En definitiva, el Acta 2.601 no dispone la aplicación retroactiva de una norma, sino establece una nueva interpretación del mismo marco jurídico.

 
De ahí que en este caso no corresponde la aplicación de la nueva tasa de interés con el sólo argumento de que la resolución de la Cámara que la fija haya sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo de apelación de la sentencia de grado, pues el actor pudo haber planteado dentro de la etapa prevista en el art. 116, L.O. que la tasa establecida en la instancia anterior no cumplía cabalmente las exigencias del art. 622 del Código Civil, y solicitar la aplicación de otra que se adecuara a esas pautas.

 
Como señalé supra, la ausencia de apelación dentro del plazo del art. 116, L.O. implicó la pérdida del derecho dejado de usar por el actor (conf. art.53, L.O.).

 
Tampoco resulta fundada la propuesta de aplicación de la nueva tasa de intereses a partir del 21 de mayo de 2.014 a casos donde estuviera firme la decisión judicial en materia de intereses de créditos del trabajador, pues -como destaqué "ut-supra"- del texto del Acta 2.601 y de su contexto, surge clara e inequívocamente que dichos casos no están comprendidos en su ámbito de aplicación.

 
En efecto, la decisión de aplicar la nueva tasa de interés a los créditos de los trabajadores reclamados en procesos sin sentencia firme desde la fecha en que cada suma es debida corrobora la conclusión expuesta.

 
En este punto, resulta clara la diferencia del contexto que motivó el dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, y del que enmarcó el Acta 2.601 del 21 de mayo de 2.014.

 
En efecto, en el primer caso el Tribunal consideró que "-la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento-"; por lo cual el art. 1º del documento citado (texto según res. C.N.A.T.8 del 30 de mayo de 2.002) dispuso:

 
"Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara".

 
 

 
Es decir, la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de la indexación constituyó una brusca modificación de las condiciones de hecho, que llevó a la Cámara a modificar la tasa de interés aplicable a partir del 1º de enero de 2.002, pero manteniendo hasta el 31 de diciembre de 2.001 la aplicación de la tasa fijada por resoluciones anteriores.

 
Se trata, en definitiva, de un cambio drástico de la situación objetiva con una fecha de corte concreta, que determinó que hasta el 31 de diciembre de 2.001 se mantuviera la tasa de interés anterior, pero con posterioridad se aplicara la nueva.

 
En cambio, la situación objetiva que motivó el criterio expresado a través del Acta 2.601 no está constituida por un cambio brusco de las condiciones objetivas en una fecha de corte precisa, y la decisión mayoritariamente adoptada por el Tribunal se basó en una nueva interpretación de las normas jurídicas aplicables para determinar la tasa de interés de los créditos del trabajador reclamados en la Justicia Nacional del Trabajo.

 
De no ser así, resultaría inconsistente la decisión de aplicar la nueva tasa a los casos comprendidos en el acta desde que cada suma es debida.

 
En virtud de los argumentos expuestos precedentemente, el Acta 2.601 de la C.N.A.T. no constituye un "hecho posterior" en los términos del art.277 del C.P.C.C.N.

 
No se trata de impedir la posibilidad del cuestionamiento del criterio mayoritariamente fijado el 21 de mayo de 2.014 por los interesados por la vía procesal pertinente, sino de aplicarlo sólo a los casos comprendidos, pues resulta imprescindible que los litigantes conozcan de antemano las "reglas claras de juego" a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica.

 
El apartamiento de las "reglas claras de juego" resultaría mucho más grave de ser efectuado por una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en violación de los límites de su competencia establecidos por el art. 277 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, lo que -reitero- vulneraría los derechos constitucionales de defensa en juicio y de propiedad de la parte afectada.

 
Por todas las razones expuestas precedentemente, propicio no modificar en ningún sentido lo resuelto por el Dr. Ramonet en materia de intereses, cuestión que -insisto- llega firme a la alzada.

 
 

 
X. Se cuestiona la imposición de costas. Sin embargo, entiendo que no asiste razón a la apelante toda vez que no advierto motivo alguno que justifique en este caso un apartamiento del principio general -que en materia de imposición de costas establece el art. 68 del C.P.C.C.N. con base objetiva- por lo cual propiciaré confirmarlas (art. cit.).

 
 

 
XI. Los honorarios de ambas representaciones letradas y del perito contador han sido apelados por altos por la demandada. A su vez este último los cuestiona por bajos.

 
En su atención, teniendo en cuenta el monto reclamado, al mérito e importancia de los trabajos realizados, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (conf. arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y concs. ley 21.839 y arts. 3 inc. b) y g) dec.- ley 16.638/57), considero que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y demandada no lucen altos y los correspondientes al perito contador se adecuan a las pautas mencionadas, por lo que propiciaré confirmarlos.

 
 

 
XII. Atento al resultado del recurso interpuesto, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la accionada (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de Editorial Sarmiento S.A. en el 25% y 25% de lo que les corresponda, respectivamente, por su actuación en la instancia anterior (confr. art. 14, ley 21.839).

 
 

 
EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

 
Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante, a excepción de la tasa de interés aplicable al caso. Si bien el argumento expuesto en la queja por la demandada refiere a la tasa de interés acordada por acta CNAT Nº 2357, lo que debe aclararse en el caso es que, el interés moratorio -diferenciado de la actualización monetaria- es el precio del dinero en condiciones de marcado, sobre todo cuando la tasa utilizada es la tasa bancaria. En este orden de ideas la aplicación de la tasa activa aplicada en grado al momento del dictado de la sentencia de origen, estaba relacionada con lo que el actor habría debido pagar(en razón de tratarse de un crédito alimentario) de haber obtenido un crédito bancario. Es decir que su finalidad era adecuar la deuda al costo del dinero realmente existente en el mercado, por lo que, de la misma norma que cualquier indexación por sobre la tasa nominal bancaria existente, que tuviera en cuenta las expectativas de depreciación del mercado en términos relativos, importaría un enriquecimiento indebido, su contrapartida es que no puede utilizarse una tasa pasiva -o ficticia- pues, en los créditos alimentarios, el acreedor no pierde la posibilidad de prestar el dinero sino que debe tomarlo precisamente para suplir necesidades alimentarias.

 
En este orden de ideas, y a fin de no perjudicar al apelante, entiendo que la tasa referida en la anterior instancia debe ser confirmada hasta la fecha de la sentencia atacada.Con posterioridad a la misma, siendo que la apelación introdujo el tema a conocimiento de esta alzada y teniendo en cuenta que la norma del art. 277 CPCCCN, faculta a estos tribunales revisores la consideración de hechos posteriores a la sentencia definitiva, dentro de los cuales en encuentra el tratamiento de los intereses, los mismos pueden y deben ser analizados por este tribunal, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta 2601 de fecha 21 de mayo 2014.

 
Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales.

 
Por otra parte, es cierto que el acta CNAT 2601 no es una norma, empero su falta de aplicación representaría una confiscación del patrimonio del actor por efecto de la aplicación de un tasa ficticia, lo que hace necesaria la operatividad de la misma.

 
En este orden de ideas, a partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés nominal que el Banco Nación aplica para operaciones de préstamos para libre destino hasta 60 meses establecida por acta CNAT 2601, pues de lo contrario se omitiría conjurar el riesgo de la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter alimentario.

 
 

 
LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO manifestó:

 
Que en lo que resulta materia de controversia, por análogos fundamentos adhiere al voto del Dr. Enrique Nestor Arias Gibert.

 
 

 
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia con exepción de la tasa de interés que se fija del modo propuesto en el segundo voto. 2) Costas y honorarios de alzada según lo propuesto en el considerando XII del primer voto. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

 
 

 
Oscar Zas 

 
Juez de Cámara 

 
Enrique N. Arias Gibert 

 
Juez de Cámara 

 
Graciela Elena Marino 

 
Juez de Cámara
Jurisprudencia - Extinción del Contrato de Trabajo
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Interesanse, ma?
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